Madrid, 15 dic (Actuall)

El sindicato Manos Limpias se ha querellado contra el matrimonio por tres supuestos delitos: contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y de insolvencia punible.

Una jueza de Segovia ha remitido una querella contra Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y su marido Eduardo Leira, a los Juzgados de Instrucción de Madrid, según ha informado El Español. En la querella redactada por el sindicato Manos Limpias, se les atribuye a Carmena y a su marido supuestos delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y de insolvencia punible.

La magistrada en su resolución afirma la “posible existencia” de esas infracciones penales y considera que la jurisdicción competente para juzgarlos es la de los Juzgados de Madrid.

La resolución fue dictada el pasado 11 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia, al que fue dirigido por reparto la querella redactada por el abogado Pedro Muñoz Lorite.

“Los hechos a que se refieren las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal tipificada como contra la Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores e insolvencia punible”, indica el auto, el cual todavía no ha sido repartido en los Juzgados madrileños y por tanto, no se conoce que órgano judicial se encargará de examinar la querella interpuesta por Manos Limpias.

La operación ejecutada por Carmena y su marido fue una fuga encubierta de capital y patrimonio, según Manos Limpias.

Todo viene a raíz de un traspaso de bienes que ejecutó el esposo de Carmena cuando su estudio de arquitectura pasaba por una mala situación económica. La querellante considera que esa operación articuló una “fuga encubierta de capital y patrimonio perteneciente al señor Leira”, según indica El Español.

Pero la querella del sindicato va más allá, y acusa a la alcaldesa de la capital y a su esposo de delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores.

“Aprovechándose de la situación de crisis predominante en el sector”, añade, Leira “hizo firmar a los referidos trabajadores el 1 de enero de 2010 un contrato innegociable en el cual se les reconocía una categoría inferior a la correspondiente a sus titulaciones (técnicos de cálculos) y un sueldo incluso por debajo de aquél que percibían como falsos autónomos. Así estuvieron hasta su salida de la empresa, aunque continuaban realizando funciones de arquitectos”.

En el verano de 2010 los trabajadores dejaron de recibir su sueldo, “situación que se prolongó en el tiempo sin que el señor Leira despidiera a los trabajadores o abonara las cantidades pendientes, que siguen vigentes a fecha actual”.

Fue ese mismo año cuando liquidaron la sociedad, apropiándose ella de la vivienda familiar en Madrid y él con el despacho de arquitectura, que finalmente fue vendido.

Al respecto, los trabajadores emprendieron acciones en la jurisdicción laboral en marzo de 2011 y obtuvieron sentencias favorables en julio de 2011 y febrero de 2012.

Manuela Carmena: cooperadora necesaria

Carmena se apropió del patrimonio y es por esa razón por la que Manos Limpias atribuye a la alcaldesa el papel de “cooperadora necesaria”.

“El señor Leira alzó determinados bienes, entre ellos una finca situada en El Espinar, a la señora Carmena, su propia esposa, generando una reducción patrimonial y el consiguiente aumento en el de esta. También se transmitieron las oficinas de la sociedad i3 Consultores, que formaban parte del patrimonio privativo del señor Leire, por debajo de su valor de mercado, y la transmisión de un tercio del valor de la venta a la señora Carmena; hechos que conducen a pensar en un presunto comportamiento dirigido a crear una situación de insolvencia en torno al señor Leira”, señala la querella.

Según Manos Limpias, “el presunto comportamiento llevado a cabo por la señora Carmena resulta ignominioso, y más aún cuando la misma ha concurrido a unas elecciones locales presentándose como una defensora de los derechos de los trabajadores, cuando presuntamente ha podido colaborar con su marido para facilitar el vaciamiento patrimonial de este” en perjuicio de sus empleados.

En este sentido, Carmena se pronunció el pasado mes de mayo, apoyándose en el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que estableció que no hubo “ocultación o enajenación real o ficticia” de los bienes de Leira sino que se “equilibró la situación económica” de la pareja con la dación en pago de la finca de El Espinar.

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